Investigan a un fiscal por demorar una causa por secuestro extorsivo en el que la víctima fue asesinada

El fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari fue acusado de incumplir sus funciones por demorar cuatro días la indagatoria de un hombre detenido por secuestrar a un joven en la que podía aportar información sobre el caso. Cuando la declaración se tomó, la víctima había sido asesinada.

“Se debe advertir que esto no resulta ser un mero retraso, sino el liso y llano incumplimiento de sus deberes”, sostuvo el fiscal Pablo Turano en su dictamen al que accedió Clarín y en el que pidió la indagatoria de Senestrari y que la Procuración General de la Nación, el órgano del que dependen los fiscales, determine si cometió mal desempeño de sus funciones.

El caso es el de Santiago Aguilera Allende, un joven de 18 años que fue secuestrado el 16 de agosto de 2022 en Villa Dolores y que estaba bajo tratamiento médico por un trasplante de riñón. Su mamá denunció el hecho al día siguiente luego de recibir un mensaje extorsivo en el que le pedían un rescate de siete millones de pesos.

La causa quedó a cargo de Senestrari ya que la ley establece que los secuestros extorsivos son investigados por los fiscales. Senestrari ordenó intervenciones telefónicas, analizar registros de llamadas y que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrezca una recompensa para quien de información.

Dos días después, con los datos que se obtuvieron, se detuvo a Walter Gil, un hombre que trabajaba en la empresa de la familia de Aguilera Allende y que fue condenado a prisión perpetua por el caso. Santiago seguía secuestrado y se esperaba que Gil sea indagado rápido para que eventualmente diera información sobre el caso.

Pero el fiscal Senestrari demoró la declaración cuatro días. El motivo fue que Gil no había designado abogado. Con el acusado detenido pasó el fin de semana y el domingo 21 de agosto Santiago fue encontrado muerto cerca de una laguna. Había sido asesinado el día anterior. Tenía signos de haber sido golpeado y cortado y la causa de una muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. El lunes el detenido fue indagado.

Los papás de la víctima, Carlos César Aguilera y Mónica Lucía Allende, denunciaron al fiscal por haber demorado una medida que podría haber colaborado con la investigación e intentar dar con su hijo con vida.

El fiscal Turano pidió la semana pasada la indagatoria de Senestrari por considerar que incumplió una serie de normas que lo obligaban a darle celeridad a la indagatoria de Gil.

En su dictamen, Turano señaló que el artículo 41 ter del Código Penal prevé una reducción de pena para los acusados de delitos graves como el secuestro que den “datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad” y que el detenido debe ser informado de esa circunstancia.

La ley también marca que una persona detenida debe ser indagada “inmediatamente, o a más tardar en el término de veinticuatro (24) horas” y que ese plazo se puede prorrogar cuando “lo pidiere el imputado para designar defensor”.

El fiscal Turano explicó que esas normas “estuvieron motivadas en la necesidad de dar mayor dinámica a las investigaciones en casos de víctimas privadas de su libertad, en atención a las características de esos sucesos y el riesgo latente a la integridad física y la vida de la víctima”.

“Era deber del Dr. Senestrari, como fiscal del caso, tomar la declaración indagatoria al detenido en el lapso no mayor a 24 horas y que en ese momento debía imponérsele al indagado de las disposiciones del artículo 41 ter del Código Penal, en miras a tratar de obtener la ubicación de Santiago Aguilera Allende y recuperarlo con vida”, agregó.

Clarín consultó a Senestrari pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta del fiscal.

Uno de los elementos que Turano tuvo en cuenta fue la declaración de Augusto Lavalle, quien era jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía de Córdoba y que trabajó en el caso. Lavalle dijo que cuando Gil fue detenido le pidió a Senestrari que lo indague rápidamente. “Vamos a dejar que este muchacho reflexione y quiera colaborar”, fue la respuesta del fiscal según el jefe policial.

En la causa consta que la demora de la indagatoria fue que el acusado no designó un abogado. “Lo cierto es que el imputado no solicitó demorar la declaración ni tampoco fue impuesto de las necesidades del caso ni de los eventuales beneficios de declarar (ni allí ni al momento de su detención, conforme surge del acta de lectura de derechos), de modo que pudiera valorar la decisión de demorar o no su declaración; tampoco el fiscal intentó acelerar ese proceso de designación, por el contrario se tomó cuatro días para celebrar la audiencia”, sostuvo Turano.

“La decisión la tomó el Sr. Fiscal de manera inconsulta, fuera de los márgenes legalmente establecidos, en detrimento del propio imputado y, como luego pudo verificarse, de la víctima”, agregó.

Gil estuvo vinculado al secuestro de Aguilera Allende. En el juicio oral fue condenado a prisión perpetua y un segundo imputado a cuatro años de prisión por encubrimiento. El resto de la banda sigue impune.

La Fiscalía pidió la indagatoria de Senestrari por el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos que tiene una pena de un mes a dos años de prisión.